La AATCD afirma que las medidas que están llevando a cabo algunos entes públicos en materia de política bibliotecaria puede dejar en una situación de precariedad cultural, laboral y competitiva a cierta parte de la sociedad aragonesa
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La asociación denuncia además que se esté planteando situaciones de desigualdad entre ciudadanos aragoneses de uno y otro municipio e insta a la DGA a aplicar sanciones a municipios, que perteneciendo a la Red de Bibliotecas de Aragón, establezcan cánones o pagos de cuotas a sus ciudadanos por hacer uso de sus servicios o por aplicar una tasa en los préstamos en red, aunque ésta sea asumida por el Gobierno de Aragón, y no por el municipio; incurriendo así en irregularidades.
Asimismo, puntualiza los errores que se están cometiendo con la Biblioteca Pública de Zaragoza, al que se le aplicará el cierre en sábados y presupuesto 0 para el crecimiento de su colección; y con las Bibliotecas Municipales de Zaragoza, aplicando el pago por carnet condicionado al estatus de ciudadanía zaragozana con tarjeta ciudadana o a pertenecer a algunos grupos de población exentos de pago.
No obstante, en materia bibliotecaria, la asociación expone que Aragón necesita un nuevo marco legal acorde con el siglo XXI, instando a la clase política a realizar ciertas reformas en la legislación actual, la cual, resulta ser de finales de los años ochenta.
Entre esas reformas, la asociación ve necesaria la exigencia de las titulaciones oficiales que oferta la Universidad de Zaragoza desde 1992 para acceder al empleo público correspondiente en bibliotecas tanto laboral como por concurso u oposición.
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